España y Mauritania, ¿qué está ocurriendo?

La relación entre España y Mauritania ha entrado en una nueva fase que suscita debates éticos, políticos y humanitarios.

Un reciente artículo del diario il manifesto detalla cómo el gobierno español ha impulsado la construcción de dos centros de detención de migrantes en territorio mauritano, concretamente en las ciudades de Nuakchott y Nouadhibou, con la finalidad de externalizar parte de su gestión migratoria a un país del Sahel.

Por un lado, la motivación oficial española es contener las rutas migratorias irregulares que parten desde la costa africana hacia las Islas Canarias y el resto del territorio peninsular: según datos del gobierno español, la Mauritania se convirtió en 2024 en el principal país de salida de migrantes hacia España.

Por otro lado, esta colaboración no se reduce solo a infraestructura: también se incluyen acuerdos bilaterales y multilaterales destinados a reforzar la vigilancia marítima, así como programas de cooperación económica cuyo fin declarado es “frenar” la migración irregular.

¿Cómo funciona este “modelo” de externalización?

Los centros mencionados se presentan como instalaciones para albergar a migrantes —adultos y en algunos casos menores— antes de decidir sobre su destino, expulsión o retorno. El artículo de il manifesto los califica como “centros de detención” informales que operan con poca visibilidad y que han sido objeto de fuertes críticas por parte de asociaciones de derechos humanos, que denuncian condiciones inaceptables y procedimientos poco transparentes.

Desde la perspectiva de la colaboración entre Madrid y Nuakchott, la estrategia se apoya en tres pilares:

• Financiamiento o ayuda al país mauritano para que refuerce sus capacidades de control migratorio. Por ejemplo, en 2024 se anunció una cifra cercana a los 500 millones de euros destinados al desarrollo y al control migratorio en Mauritania.
• Aumento de las operaciones de vigilancia marítima en la costa mauritana y senegalesa, donde patrullas conjuntas y apoyo logístico español buscan dificultar las salidas hacia las islas Canarias u otras rutas.
• Controversia sobre las garantías de derechos humanos. Investigaciones recientes, por ejemplo de Human Rights Watch, indican que Mauritania ha sido escenario de detenciones arbitrarias, abusos, expulsiones masivas, y que la implicación europea y española en esos esquemas genera complicidad indirecta.

Este modelo plantea varios interrogantes. Por un lado, hacia la política migratoria de España y de la Unión Europea: ¿hasta qué punto externalizar fronteras y controles hacia países con un sistema de justicia frágil es compatible con los derechos fundamentales? Las críticas señalan que tales centros pueden convertirse en herramientas de contención sin garantías adecuadas de protección de los migrantes.

Por otro lado, la cuestión de la soberanía mauritana: la cooperación se ve en parte como una estabilidad geopolítica para España, en un contexto donde los flujos migratorios y las rutas atlánticas desde África occidental adquieren cada vez más protagonismo. Pero ello también puede implicar una dependencia del país africano hacia ayudas externas y una presión sobre sus instituciones.

Finalmente, está el impacto humano: los migrantes atrapados en esos centros pueden enfrentar largas esperas, condiciones precarias, e incluso riesgos de abusos. La transparencia y la supervisión independiente aparecen como déficits graves en este esquema.

El camino por delante requerirá cierto equilibrio entre la necesidad de gestión migratoria —un reto real en España y Europa— y el compromiso con los derechos humanos, la dignidad y la legalidad internacional. España tendrá que rendir cuentas ante su sociedad y ante organismos europeos sobre la manera en que se desarrollan estos acuerdos. Por su parte, Mauritania tendrá que reforzar sus instituciones, garantizar el tratamiento justo de los migrantes y resistir la tendencia a ser vista solo como país de paso o contención.

En resumen: lo que está ocurriendo entre España y Mauritania es un experimento de política migratoria que va más allá de las fronteras, con implicaciones globales, geopolíticas y profundamente humanas.