Un hombre en Sabadell (Barcelona) se enfrenta a una sanción de entre 30.000 y 600.000 euros tras apuntar con un puntero láser al helicóptero de la Mossos d’Esquadra que colaboraba en la búsqueda de una persona desaparecida.
Cuando el aparato aéreo estaba sobrevolando la zona para asistir en el dispositivo de localización, los agentes observaron un haz de luz procedente de un bloque de pisos que iluminaba de forma reiterada la cabina del helicóptero.
Según el informe policial, esta acción ponía en peligro la estabilidad de la aeronave y la seguridad de los ocupantes, pues podría haber provocado que el piloto perdiera el control.
Tras fijar las coordenadas del origen del láser, una patrulla de los Mossos se desplazó al lugar, identificó al autor y este reconoció los hechos, entregando el puntero utilizado. Como consecuencia, los agentes incoaron una denuncia administrativa basada en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, que tipifica como infracción muy grave la proyección de haces de luz sobre pilotos o conductores de medios de transporte, al poder distraerles o provocar accidentes.
Multa 600mil euros
El rango de multa (“entre 30.000 y 600.000 euros”) refleja la consideración de la conducta como extremadamente peligrosa. Es un mensaje claro de las autoridades: interferir deliberadamente con los sistemas de transporte o vigilancia no es una broma y conlleva consecuencias severas.
Además del riesgo directo para la aeronave, estos dispositivos forman parte de operaciones sensibles —en este caso, la búsqueda de una persona desaparecida— donde cada segundo cuenta. Interferir así no solo pone en peligro la integridad de los agentes, sino que también puede comprometer la operación de emergencia en curso.
En resumen: una acción aparentemente menor —apuntar con un láser— terminó desencadenando un proceso que puede costar al infractor cientos de miles de euros. Y sirve como ejemplo de cómo la ley contempla incluso los medios de “diversión” comunes como fenómenos muy graves, cuando tienen el potencial de afectar a la seguridad pública.
