Derecho al aborto, la lucha de Sánchez

El gobierno de Pedro Sánchez ha puesto sobre la mesa una iniciativa sustancial: blindar el acceso al aborto en la constitución española.

Su propuesta consiste en reformar el artículo 43 de la Constitución Española para que quede explícitamente reconocido el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo, garantizando su ejercicio con igualdad y sin obstáculos.

La motivación principal de Sánchez es prevenir que gobiernos autonómicos o partidos como Partido Popular y Vox, bajo ciertas interpretaciones, limiten o reviertan este derecho.

En la práctica, el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en España presenta disparidades importantes entre comunidades autónomas, con algunas donde apenas se realiza en la sanidad pública.

Hasta ahora, el derecho al aborto en España está regulado por la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de España.

Pero la propuesta de constitucionalización iría más allá: convertirlo en un derecho protegido de forma estable frente a vaivenes políticos.

Entre los argumentos a favor, destacan que una constitucionalización enviaría un mensaje claro de que el aborto es un derecho consolidado, no sujeto a retrocesos; mejoraría la igualdad de acceso y reduciría las diferencias territoriales. También podría ayudar a eliminar sumideros de inequidad como la objeción de conciencia no regulada o la dependencia del sector privado para algunos procedimientos.

No obstante, la propuesta se enfrenta a obstáculos: por un lado, requiere mayorías cualificadas en el Parlamento; por otro, el PP ya ha mostrado su rechazo o cuando menos reserva ante esta vía, argumentando que la ley actual ya lo garantiza.

Además, queda por ver cómo se articularía en la práctica la garantía de efectividad, es decir, que todos los centros públicos y privados cumplan igualmente, y se garanticen los recursos necesarios.

Las diferencias con Italia

En Italia, el marco legal para la interrupción voluntaria del embarazo está fijado por la Legge 22 maggio 1978 n. 194, que permite la IVE a petición de la mujer hasta los primeros 90 días de gestación, y después solo en casos terapéuticos (grave riesgo para la salud de la mujer o malformaciones fetales).

Sin embargo, aunque sobre el papel la ley existe, su aplicación efectiva presenta notables limitaciones: un alto porcentaje de médicos objetores de conciencia —algunas regiones superan el 60 %– y así un acceso desigual dependiendo de la región.

Además, en Italia se critica que la ley no se basa plenamente en el principio de autodeterminación de la mujer, sino que conjuga la tutela de la maternidad y la vida prenatal con el derecho de la mujer a interrumpir el embarazo.

Por otro lado, en España la legislación más reciente (y la reforma de 2023) eliminó el requisito del consentimiento de los progenitores para menores de 16–17 años y fortaleció los derechos de salud sexual y reproductiva.

Otra diferencia relevante es el acceso efectivo: mientras en España se detectan disparidades entre comunidades autónomas sobre si la IVE se realiza en centros públicos o requiere acudir al sector privado, en Italia muchas mujeres encuentran barreras organizativas, demoras y falta de cobertura pública.

Por último, mientras España debate si elevar el derecho al aborto a nivel constitucional para protegerlo mejor, en Italia no existe actualmente un movimiento equivalente de reforma constitucional que busque esta protección reforzada.

En conclusión, aunque ambos países reconocen legalmente el aborto, la profundidad del derecho, su protección institucional, su acceso real y la aplicación práctica difieren significativamente.