En los últimos días, el expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha generado controversia al sugerir que España podría ser expulsada de la NATO por no cumplir con los nuevos compromisos de gasto militar exigidos por la alianza.
Durante un encuentro en la Casa Blanca con el presidente finlandés Alexander Stubb, Trump criticó duramente a Madrid por su negativa a elevar el gasto en defensa al 5 % del PIB, y afirmó que quizá “deberían echarlos de la NATO, francamente”.
La tensión diplomática se remonta al pasado junio, durante la cumbre de la NATO en La Haya. En aquel momento, España anunció que no adoptaría la meta del 5 % del PIB para defensa, postura que provocó críticas desde Washington.
El gobierno de Pedro Sánchez logró una especie de exención al comprometerse con un objetivo alternativo del 2,1 %, alegando que aumentar el gasto militar hasta el 5 % sería incompatible con las prioridades sociales y económicas del país. Trump, quien ha insistido en que los países europeos deben “aportar su parte” y asumir mayores responsabilidades militares, volvió a insistir en que España está fallando como aliado. A su juicio, el hecho de que España no se haya adherido completamente al acuerdo es una amenaza a la cohesión de la alianza atlántica.
Espana NATO
Por su parte, el gobierno español ha respondido con calma. La ministra de Defensa, Margarita Robles, reafirmó que España sigue siendo un aliado “comprometido y leal” dentro de la NATO, señalando que el país participa activamente en misiones internacionales y contribuye al fortalecimiento europeo de defensa. Además, Madrid sostiene que sus compromisos no se miden sólo en porcentaje de PIB sino en capacidades, despliegues y cooperación internacional.
Este episodio abre un debate más amplio sobre las exigencias de gasto dentro de la NATO. La meta del 5 % del PIB fue acordada con el fin de responder a las crecientes amenazas globales, especialmente tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia y la escalada de tensiones geopolíticas. Sin embargo, varios miembros advirtieron que una cifra fija podría no adaptarse a las realidades económicas de todos los países. España, entre otros, argumentó que una imposición rígida podría socavar inversiones sociales necesarias.
Aunque nunca se ha expulsado a un Estado miembro de la NATO —y un acto así requeriría unanimidad entre los 32 socios— las declaraciones de Trump son una señal política fuerte. Varios diplomáticos europeos han expresado preocupación por el efecto divisivo que este tipo de amenazas públicas pueden tener en la cohesión de la alianza.
En el contexto español, esta polémica también alimenta el debate interno sobre hasta qué punto debe cederse espacio al reclamo de los aliados sin poner en riesgo las prioridades sociales y fiscales del país. Mientras tanto, la NATO se encuentra ante una encrucijada: ¿cómo equilibrar el reclamo de responsabilidad compartida con el respeto a las distintas realidades nacionales? La sugerencia de expulsión de España, aunque poco factible en la práctica, añade presión simbólica al debate y pone de relieve hasta qué punto el equilibrio entre solidaridad y autonomía será uno de los retos centrales en el futuro de la alianza transatlántica.
