Recientemente, un juzgado mercantil de Madrid ha condenado a Meta, matriz de Facebook e Instagram, a abonar 479 millones de euros a 87 medios digitales españoles por competencia desleal.
La sentencia considera que Meta utilizó datos personales de sus usuarios sin el consentimiento adecuado y, de este modo, obtuvo una ventaja competitiva significativa en la venta de publicidad personalizada.
Según el tribunal, Meta cambió su base legal para procesar datos tras la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) en 2018: dejó de pedir un “consentimiento explícito” para basar su publicidad en el “interés contractual”, una fórmula que el juez ha considerado incorrecta para la segmentación comercial.
Durante el periodo analizado (desde mayo de 2018 hasta agosto de 2023), según estimaciones del tribunal, Meta habría facturado más de 5.281 millones de euros en España gracias a la publicidad basada en esos datos.
Espana multa a Meta
Los medios demandantes, representados por la asociación AMI (Asociación de Medios de Información), sostienen que esa práctica “ilotró un perjuicio económico” porque les quitó ingresos publicitarios que ahora deben redistribuirse entre ellos. Por su parte, Meta ha anunciado que recurrirá la sentencia, calificándola de “infundada”.
Este fallo podría sentar un precedente importante. No solo por el volumen de la multa, sino porque cuestiona el modelo de negocio basado en la explotación masiva de datos para publicidad dirigida. Algunos analistas creen que esta decisión abre la puerta para que otros medios o reguladores europeos exijan medidas similares frente a grandes plataformas tecnológicas.
Además, la condena en España se enmarca dentro de una serie de investigaciones y sanciones más amplias a Meta por su gestión de datos y sus prácticas comerciales en Europa.
Para AMI y otros medios, ha sido una victoria simbólica y práctica: se reivindica el derecho de los editores digitales a competir en un mercado publicitario más justo.
En resumen, la multa impuesta por el tribunal madrileño refleja un cambio en la forma en que los reguladores europeos están abordando el poder de las grandes tecnológicas. Los medios digitales españoles reclaman una parte del valor que Meta ha generado usando sus datos: ahora, esos 479 millones de euros pueden ser un primer paso hacia una remuneración más equitativa en el ecosistema digital.
