La cuestión del fin de vida vuelve a estar en el foco del debate europeo, y mientras en muchos países del continente ya existen normativas claras, en Italia (y en otras naciones) la situación sigue siendo incierta y fragmentada.
En la España la ley que regula la eutanasia y el suicidio asistido —la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia— está vigente desde junio de 2021.
Esta normativa permite acceder a la eutanasia o al suicidio medicalmente asistido a personas adultas que padezcan una enfermedad grave e incurable o una patología crónica, grave e invalidante, que le produzca sufrimiento físico o psíquico insoportable.
El procedimiento en España es riguroso: el paciente debe presentar dos solicitudes por escrito separadas por al menos 15 días, declarar que conoce las opciones de cuidados paliativos, y ser evaluado por dos médicos. A continuación, una comisión autónoma debe dar su aprobación definitiva.
Las prestaciones, una vez aprobadas, están a cargo del sistema sanitario nacional. Hasta 2024, se habían realizado 1.034 procedimientos en España, de un total de 2.475 solicitudes presentadas. Eso equivale a un 42 % de las solicitudes aceptadas; sin embargo, casi un cuarto de quienes pidieron la eutanasia murieron mientras esperaban la resolución.
Este dato ha motivado que asociaciones en favor del “derecho a morir con dignidad” pidan acelerar los tiempos del proceso
En contraste, la situación en Italia sigue siendo irregular: desde 2019 —momento en que la Corte Constitucional despenalizó el suicidio medicalmente asistido bajo ciertas condiciones— no se ha aprobado una ley nacional que defina reglas y procedimientos uniformes.
En su lugar, algunas regiones han intentado avanzar por su cuenta: por ejemplo, la Sardegna aprobó recientemente una normativa regional sobre el fin de vida, y antes lo había hecho Toscana.
Pero esas leyes regionales se enfrentan a impugnaciones del gobierno nacional, lo que genera gran incertidumbre legal y práctica.
Para quienes viven en España, la existencia de una ley clara ofrece la posibilidad de decidir libremente sobre su final de vida en condiciones reguladas, con garantías legales y sanitarias. Esto implica respeto a la autonomía, reducción del sufrimiento y certeza de procedimiento. Para muchos, representa un paso de civilización en el reconocimiento de derechos individuales y en la dignidad personal.
Por otra parte, los datos —como el elevado número de solicitudes denegadas o la mortalidad de algunos solicitantes durante la espera— ponen en evidencia problemas prácticos, como la lentitud, las trabas burocráticas o la saturación del sistema sanitario. Las peticiones de acelerar los tiempos reflejan un malestar que trasciende lo moral: es un asunto de eficacia, dignidad y urgencia.
En Italia, la ausencia de una ley nacional uniforme provoca desigualdades según la región en la que se viva. Las diferencias entre normativas regionales, criterios dispares, y la inseguridad jurídica para pacientes y familias generan un panorama confuso e inadecuado para un tema tan sensible. Además, muchos terminan recurriendo al extranjero o al “viaje transfronterizo del final de vida”, algo que la sanción del caso de Dj Fabo —y posteriores decisiones judiciales— trataban de evitar.
El contraste entre países con regulación consolidada (como España) y aquellos con normativas pendientes de aprobación o altamente fragmentadas (como Italia) pone de relieve la urgencia de un debate serio, no solo ético, sino también legislativo y sanitario. En una Europa donde las leyes sobre el fin de vida avanzan, la falta de una normativa clara puede convertirse en una vulneración del derecho a morir con dignidad.
