El Gobierno de España ha impuesto una multa histórica de más de 64 millones de euros a la plataforma Airbnb por publicar miles de anuncios de viviendas turísticas sin licencia o con información incorrecta, una sanción que se considera una de las más graves impuestas a una empresa de alquiler de alojamientos turísticos hasta la fecha.
La decisión fue anunciada el 15 de diciembre de 2025 por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que acusó a la compañía estadounidense de prácticas comerciales desleales por no cumplir con las estrictas normas españolas referentes a los alquileres de corta duración.
Airbnb había sido advertida repetidamente de que debía eliminar los anuncios que carecían de licencia o que mostraban números de registro falsos o incorrectos, pero según las autoridades, la empresa no actuó con la diligencia necesaria, lo que llevó a la apertura del expediente sancionador.
El incumplimiento incluyó más de 65 000 anuncios irregulares, muchos de los cuales no exhibían el número de registro obligatorio o no especificaban si el anfitrión era una persona física o una empresa, datos esenciales para que los anuncios fueran legales en España.
La multa también incorpora sanciones accesorias: Airbnb debe corregir las irregularidades, eliminar los contenidos ilícitos y publicar la resolución del organismo regulador. Además, se le impusieron multas menores por no cooperar con la investigación y por omisión de información contractual.
Contexto y razones de la multa
Esta sanción se produce en medio de una crisis de vivienda en España, donde los alquileres de corta duración se han convertido en un tema político clave. Las autoridades españolas aseguran que plataformas como Airbnb han contribuido a la escasez de viviendas asequibles en las principales ciudades turísticas como Barcelona, Madrid y Valencia.
En junio de 2025, el Ministerio de Consumidores había ordenado previamente a Airbnb que retirara más de 65 000 anuncios que no cumplían la normativa, una medida respaldada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Las normas españolas obligan a que los alojamientos turísticos cuenten con un número de licencia válido y que éste esté claramente visible en cualquier anuncio online. El incumplimiento de estas reglas se considera una práctica comercial desleal y está sujeto a fuertes sanciones económicas.
El ministro Pablo Bustinduy ha subrayado que la actuación del Gobierno forma parte de un compromiso más amplio con la defensa del derecho a la vivienda y con la aplicación estricta de la ley, independientemente del tamaño o la influencia de la empresa sancionada.
Reacciones y consecuencias
Airbnb ha expresado su intención de recurrir la multa en los tribunales, aunque la resolución es firme en vía administrativa. La empresa afirma que coopera con las autoridades y que ha implementado un sistema de registro para garantizar el cumplimiento de las normativas nacionales, con más de 70 000 anuncios ya actualizados con licencias válidas.
La multa se considera además proporcional a los beneficios obtenidos por Airbnb a través de los anuncios ilegales, calculándose en aproximadamente seis veces el beneficio ilícito estimado.
Este caso se enmarca dentro de un contexto más amplio de regulaciones en toda España para controlar los alquileres de corta estancia. Otras plataformas como Booking.com también han enfrentado medidas similares, incluyendo la eliminación de miles de anuncios que no cumplían con los requisitos legales.
En ciudades como Barcelona, las autoridades locales incluso han adoptado medidas drásticas, como la intención de eliminar todos los apartamentos turísticos para 2028, con el objetivo de recuperar vivienda para residentes y combatir la saturación turística.
